Caminar hacia la autonomía

Caminar hacia la autonomía

El pasado 29 de abril de 2018, la Comunidad Indígena Wixárika de San Sebastián Teponohuaxtlán (SST) y Tuxpan (TB) de los municipios de Mexquitic y Bolaños, Jalisco, difundió un pronunciamiento en el que emplazó al presidente Enrique Peña Nieto a que se presentara en Tuxpan el día 9 de mayo del año en curso para que resolviera el conflicto agrario con ganaderos de Huajimic. De igual forma se exigió al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, cumplir con el compromiso que hizo en el año 2012 cuando era candidato al gobierno estatal, de solucionar dicho problema territorial.

La principal demanda de la comunidad indígena al Gobierno Federal es que otorgue los recursos necesarios para indemnizar a los posesionaros irregulares de las 10 mil hectáreas en recuperación de SST y TB. Con el fin de lograr una pronta solución al “Caso Huajimic”, la comunidad wixárica acordó implementar las siguientes medidas de presión: no permitir actos de campaña, proselitismo y actividades relacionadas con las elecciones al interior de la comunidad y no votar en la jornada electoral del 1 de julio de 2018, si transcurre el plazo establecido y Peña Nieto hace caso omiso al citatorio.

Hoy sabemos que Peña Nieto no asistió a la cita y que la comunidad wixárika ha establecido, por tiempo indefinido, cuatro puestos de control comunitario de vigilancia en puntos estratégicos de acceso a su territorio para que no entren los candidatos, los partidos políticos y el personal del Instituto Nacional Electoral. También han decomisado todo el material con propaganda electoral y han cerrado los 35 planteles educativos de todos los niveles, así como los centros de salud, dando sólo servicio de urgencias. La Asamblea Comunitaria se reunió el pasado 10 de mayo en Tuxpan de Bolaños y señaló que no claudicará hasta que se resuelvan sus demandas, como lo estipularon en el Pronunciamiento Histórico; y reiteró además, que no votarán más de 7 mil wixáritari si no se resuelve el conflicto agrario antes de las elecciones.

En el año 2007, los wixaritari de Waut+a (SST y TB) decidieron recuperar sus tierras invadidas interponiendo 47 juicios de restitución agraria. A la fecha han ganado 13, aunque sólo dos han llegado a buen término: el del 22 de septiembre de 2016 que restituyó 184 hectáreas y el del 20 de octubre de 2017, que restituyó 63 hectáreas. Este año estaba programada la restitución de 129 hectáreas el 21 de marzo pasado, pero el posesionario no se presentó y no se pudo llevar a cabo la diligencia, que se pospuso para el 12 de abril. A ésta se suman dos restituciones más que fueron impedidas: una por 15 hectáreas y otra por media hectárea. Las próximas ejecuciones obligatorias están programadas para el 23 y el 30 de mayo de 2018.

El 21 de mayo de 2018, la Secretaría de Gobernación pidió a la comunidad un plazo de cuatro semanas para completar “un paquete” con el financiamiento y las propuestas para garantizar las restituciones de tierras de Huajimic, a las que los posesionarios se han negado de forma abiertamente hostil, pues reclaman ser indemnizados. Al respecto, Carlos González García abogado de los wixaritari, ha señalado que la comunidad quiere una pronta solución y que el escenario se ve difícil.

Este es uno de incontables casos de injusticia donde el gran ausente es el estado de derecho. Una comunidad indígena decide utilizar la vía legal para resolver sus conflictos agrarios, emprende largos procesos legales, logra resoluciones favorables a sus demandas y no hay funcionario público capaz de garantizar que se lleven a efecto las sentencias o que se sancione a quien corresponda por no acatarlas. Por eso no sorprende que ante estas circunstancias la comunidad wixárika esté llevando a cabo acciones radicales como las aquí expuestas,o como las que en su momento realizó la comunidad purépecha de Cherán, Michoacán o las comunidades zapatistas.

Cabe señalar que no han sido únicamente los pueblos indígenas los que han impulsado la construcción de autonomía. Para no ir tan lejos se puede citar también el caso de la comunidad del Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, donde existen tres centros comunitarios autónomos y autogestivos que han sido una plataforma clave para la organización de los habitantes de la zona. Desde esos espacios se ha gestionado, por ejemplo, la regularización y escrituración de propiedades; procesos que por mucho tiempo fueron indolentemente desatendidos por las administraciones públicas. Hoy los habitantes de las colonias La Mezquitera, Nueva Santa María y Francisco I. Madero tienen un patrimonio propio para legar a sus hijos y espacios comunitarios lúdico-recreativos y educativos para los niños y los adolescentes en condiciones de pobreza que viven en el área.

 La herida provocada por cientos de miles de homicidios dolosos (se habla de 230 mil acumulados desde el sexenio de Calderón) y por decenas de miles de personas desaparecidas (se habla de más de 30 mil en el mismo periodo) está abierta. Día a día nos enteramos de decenas de casos atroces en los que se presentan las más variadas e inimaginables formas de violencia. El concepto de impartición de justicia se desvanece en los interminables procesos administrativos plagados de prácticas corruptas y negligentes. La impunidad se impone, mientras los funcionarios públicos de primer nivel que ganan sueldos millonarios piensan que todo marcha estupendamente pues su calidad de vida mejora conforme pasan los años. Sus referentes son ellos mismos y la buena vida de lujos que llevan. Son insensibles al sufrimiento y al enojo de las y los ciudadanos que se preguntan qué hacer ante tanta sangre derramada, ante la inseguridad cotidiana, ante el miedo de ser el o la siguiente víctima del Estado fallido.

Si los gobernantes no van a atender y mucho menos a resolver los problemas de la sociedad, sería lógico que desde el entendimiento de un “nosotros”, comencemos a hablar, a discutir, a identificar problemas y a buscar soluciones. Esto es lo que han hecho varias comunidades ante la indiferencia de los mal llamados servidores públicos: han construido autonomía, poco a poco, al ritmo del consenso y de la acción comunitaria. Este proceso toma tiempo y requiere del compromiso de quienes deciden libremente optar por esa ruta de desarrollo político, económico, social y cultural, que implica costos y riesgos por la grave crisis de Derechos Humanos que enfrentamos. Caminar hacia la autonomía es una alternativa real contra un sistema podrido que nos está matando.

 

Talien Corona

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