Desplazamiento interno forzado en México

Desplazamiento interno forzado en México

El desplazamiento interno forzado ocurre cuando las personas de manera individual o colectiva (ej. familias o grupos de familias) huyen o salen del lugar donde viven o residen, hacia otra colonia de su mismo municipio, hacia otro municipio de su estado o hacia otro estado del país, para evitar ser víctimas de la violencia generalizada, de un conflicto armado, de violaciones a los derechos humanos y de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano. Este es un problema actual y lacerante en México que se ha recrudecido con los altos índices de violencia registrados en los últimos años. Peor aún es que esta situación se agrave por la invisibilidad de las víctimas de desplazamiento interno forzado, quienes enfrentan una profunda vulnerabilidad por la desatención total a su situación.

De acuerdo con el registro histórico acumulativo de la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos (CMDPDH) al menos 329,917 personas han sido desplazadas a la fuerza en el país. Para darse una idea de la dimensión de esta problemática, podríamos decir que la cifra antes dicha equivale a que el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, se quede sin habitantes.[1]A esto se agrega que en todos los episodios de desplazamiento masivo hubo situaciones de violencia y que en la mayoría de los casos ésta fue generada por grupos armados organizados. Otros desplazamientos de personas estuvieron relacionados con actividades económicas como los proyectos extractivos mineros o con la construcción de presas. En estos casos hubo personas armadas que obligaron a la gente a desalojar sus casas.

De acuerdo con el Informe 2017 de la CMDPDH, de enero a diciembre de 2017 se registraron 25 episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México que afectaron a 20,390 personas. Los desplazamientos se registraron en al menos 9 estados, 27 municipios y 79 localidades. Las entidades con más episodios de desplazamiento interno forzado masivo fueron: Guerrero con 7, Sinaloa con 5, Chihuahua, Chiapas y Oaxaca con 3. La entidad con más personas desplazadas fue Chiapas, con el 29.87% del total de la población desplazada en 2017; le siguió Guerrero con el 29.17% y Sinaloa con el 14.55%. El episodio con el mayor número de víctimas registradas (5,323 indígenas tzotziles) ocurrió en los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, Chiapas.[2]

La CMDPDH analizó la información reportada por los medios de comunicación para caracterizar las formas de violencia que originaron los desplazamientos internos forzados ocurridos en el país durante el año 2017. Así se obtuvieron los siguientes datos:[3]

  • 8 episodios (32%) se originaron por ataques armados en contra de la población civil en Chiapas, Oaxaca y Sinaloa desplazando a 10,947 personas.
  • 6 episodios (24%) se originaron por enfrentamientos armados entre grupos delincuenciales (entre sí o entre grupos delincuenciales y agentes del Estado) en los estados de Chihuahua, Durango y Guerrero desplazando a 6,335 personas.
  • 3 episodios (12%) se originaron por desalojos con violencia en Chiapas, Chihuahua y Zacatecas desplazando a 935 personas.
  • 2 episodios (8%) se originaron por temor fundado ante la violencia de las organizaciones criminales en los estados de Michoacán y Coahuila desplazando a 1,247 personas.
  • 1 episodio (4%) se originó por disputas territoriales entre grupos criminales en el estado de Guerrero desplazando a 276 personas.
  • 1 episodio (4%) se originó por el asesinato de un defensor de la comunidad en el estado de Chihuahua desplazando a 55 personas.
  • 4 episodios (16%) se originaron por situaciones de violencia en las que no se especificó el hecho concreto que generó el desplazamiento en los estados de Guerrero, Sinaloa y Michoacán, donde se registraron 595 personas desplazadas.

En 23 (92%) de los 25 episodios señalados, se mencionó el desplazamiento de familias, lo que indica un perfil variado de personas (mujeres, hombres, jóvenes, niños, niñas y adultos mayores), mientras que en los 2 episodios restantes no hubo ninguna información sobre el perfil de la población desplazada. Es importante señalar que la mención específica a un perfil (mujeres embarazadas u hombres) no excluye la existencia de otros perfiles de personas entre la población desplazada. Así tenemos que:[4]

  • En 15 episodios (60%) hubo desplazamiento de mujeres.
  • En 14 episodios (56%) hubo desplazamiento de niños y niñas.
  • En 10 episodios (40%) hubo desplazamiento de hombres.
  • En 9 episodios (36%) hubo desplazamiento de adultos mayores.
  • En 5 episodios (20%) hubo desplazamiento de jóvenes.
  • En 4 episodios (16%) hubo desplazamiento de mujeres embarazadas.

Las más de 20 mil personas que han sido vulneradas por el desplazamiento interno forzado tienen derecho a que se garantice su seguridad e integridad. Su futuro, como el de las familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema es muy similar porque están en la total indefensión. Es muy importante la labor realizada por la CMDPDH para sacar a la luz lamulticausalidad del problema, que va desde los antiguos conflictos comunitarios de origen político y territorial, hasta la violencia generada por la presencia de grupos armados en zonas rurales y urbanas. La recopilación, análisis y difusión de información es fundamental para conocer el fenómeno, pero se requiere de iniciativas y mecanismos efectivos para la atención a las víctimas, y de eso es responsable el Estado (hoy más fallido y desarticulado que nunca).

Es terrible que el recuento de la tragedia humana en el país no pare, y que por el contrario, sume desgracias. Los desplazamientos internos forzados masivos son la cara oculta de la omisión del Estado que está obligado a atender las múltiples y complejas formas de violación permanente a los derechos humanos de quienes quedan atrapados por esta situación. Como en los casos de feminicidios o desapariciones forzadas, es necesario visibilizar las causas y las consecuencias de que familias completas sean obligadas a salir de sus hogares, a los que muchas veces es incierto el retorno. En los hechos ha quedado probado que la presión social es un medio efectivo para demandar justicia y para movilizar a los agentes del Estado para que actúen. De nueva cuenta es urgente la organización ciudadana para que el destino de las personas que han sido desplazadas a la fuerza no sea sepultado.

 

Talien Corona

[1]La estimación se basa en que el INEGI contabilizó un total de 255,681 habitantes en Puerto Vallarta en el año 2010.

[2]Informe 2017. “Episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México”: http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-informe-de-desplazamiento-interno-masivo-en-mexico-2017.pdf

[3]Ídem.

[4]Ídem.

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