Guadalajara y su renuncia a las áreas verdes

Guadalajara y su renuncia a las áreas verdes

Si el gobierno federal actuara como el de Guadalajara, en el caso de la determinación de los usos de suelo, las áreas naturales protegidas no podrían existir más que en los escasos terrenos nacionales o de uso público que existen en las zonas montañosas que resguardan la mayor riqueza biológica del país. Y la preservación de esta sería más un relato de fantasía que los fantasmas de Pedro Páramo.

Afortunadamente no es así. El bosque La Primavera, por ejemplo, solamente tiene alrededor de 5,736 hectáreas de propiedad pública, pero el decreto protector del presidente José López Portillo se extiende sobre 30,500 ha, y eso afecta a otros 420 propietarios privados y de tenencia social. Éstos no pueden argüir sus derechos de propiedad para evitar que estén cancelados los usos comerciales, fundamentalmente inmobiliarios. El artículo 27 constitucional señala que la Nación establece modalidades en el uso de suelo cuando se trata del bien público. Y los servicios ambientales que provee La Primavera son más importantes que los derechos de un particular a abrir un fraccionamiento. Lógicamente, la imposición de esta política de protección abate usos de suelo especulativos, lo que baja el valor comercial de las tierras del bosque.

En el caso de parques y predios de uso público heredados sobre espacios privados o disputados por intereses particulares, el proceder del Ayuntamiento de Guadalajara en la administración de Enrique Alfaro fue opuesto: la justificación de cancelar usos de suelo  fijados antes, por ejemplo, de área verde o de equipamiento, fue que se ubicaban en predios de tenencia privada o que en los hechos habían tenido usos distintos.

Es el caso de decenas de equipamientos institucionales cancelados en los planes parciales en el distrito uno, que abarca el centro de la ciudad y la zona de Chapultepec, pero también, del famoso predio de El Deán, contiguo al parque homónimo y establecido desde hace años como área verde, que fue cambiada para cederle la zona a un viejo “socio” de la ciudad, la recolectora de basura Caabsa Eagle; o los predios públicos cedidos a Puerta Guadalajara, hoy Iconia, en el norte de la ciudad, en los que se intentó revertir una concesión y después se prefirió negociar con los empresarios; sin olvidar el asunto recientemente más polémico del bosque urbano de Arboledas del Sur, en la frontera del Cerro Santa María, pegado a Tlaquepaque, cercenado en 35 por ciento de su superficie, porque judicialmente se habría perdido la propiedad por negligencia de anteriores gobiernos municipales.

Vale la pena detenerse en el caso de Arboledas Sur porque reúne un historial sorprendente de corrupción que fue detectado por las instituciones desde el lejano 1994, y que involucra a gobiernos del PAN, del PRI y ahora del PMC en su “legalización”. Pero independientemente de que sea verdad que legalmente los gobiernos de Fernando Garza (2001-2004) y de Ramiro Hernández (2013-2015) hubieran hecho actos u omisiones tendientes a legitimar una escritura de origen espurio, la famosa Cuyucuata, la administración de Enrique Alfaro opta por la vía civil para recuperar el terreno de casi 7.5 hectáreas (los predios públicos “de dominio público”, un legalismo interesante, jamás prescriben y no pueden ser vendidos ni embargados) pero decide no ir al fondo, pues se convence de que no lo ganará, justamente por los antecedentes de Garza y Hernández. Entonces hace la negociación, y “le saca” a los constructores casi 65 por ciento del terreno, más 24 millones de pesos para mejorar la zona pública.

Los vecinos están molestos y deciden impedir las alteraciones de su bosque. Y les ayuda un actor coetáneo, también de vida azarosa: la comunidad indígena “de hecho” de Santa María Tequepexpan, que acaba de obtener, a través de una queja ante el tercer Tribunal Colegiado de Distrito, una “suspensión de plano” para impedir la culminación de la privatización de alrededor de 2.5 ha donde se quieren sembrar, para variar, miles de casas, fruto de la “densificación urbana” que es doctrina de la actual administración pública (queja 185/2018 derivada del amparo 1545/2018). Esto detiene el proceso privatizador, de momento.

¿Guadalajara tenía en estos casos caminos distintos? Sin duda: pudo mantener el uso de suelo de área verde o de equipamiento, pues es atribución del cabildo fijarlos o modificarlos, y de este modo, inducir a la conservación, tal como hace el gobierno federal en el caso de La Primavera. Los vecinos de Arboledas del Sur piensan que el cambio de uso de suelo revela la contribución de la actual administración a los negocios inmobiliarios, como prioridad, por encima de los intereses de la ciudad.

 

Agustín del Castillo

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