Omisión de gobiernos agrava conflicto wixárika

Omisión de gobiernos agrava conflicto wixárika

A nadie le debe extrañar la postura asumida por la comunidad indígena wixárika de Wuaut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán), en el norte de Jalisco, de impedir el proceso electoral en su dilatado territorio ante el estado de irresolución y la violencia latente con sus vecinos ganaderos de Huajimic, una vez que judicialmente han ganado los juicios de restitución de esa amplia propiedad, hoy enclavada en la jurisdicción nayarita, con más de 10 mil hectáreas de superficie.

No puede ser extraña la impaciencia, si desde el 23 de septiembre de 2016, cuando se realizó la primera ejecución de sentencia, forzada, recomenzó ese acoso que marca las disputas entre mestizos e indígenas de la zona, y el personal del tribunal ejecutor (Tribunal Unitario Agrario 16 de Tepic) vivió horas de retención forzada, junto con abogados de los wixaritari (reiteradamente amenazados de muerte) y la prensa, en las brechas de Huajimic, por parte de los posesionarios inconformes.

El planteamiento, quitada la carga cultural de racismo que conlleva la relación histórica entre ambas comunidades, es que se aceptan las sentencias, pero se exigen indemnizaciones, situación con la que los aborígenes están de acuerdo, y que se refrendó en acuerdos alcanzados entre las partes los meses siguientes. Desde entonces, se acumulan fracasos y un solo éxito en las restituciones. Éste último tuvo una receta simple y efectiva: se pagó a la posesionaria para que devolviera su predio. Todos en paz.

El problema es que el principal invitado para financiar este banquete, el gobierno federal, responable del tema agrario, no ha acudido. Y la presencia de los gobiernos de Nayarit y Jalisco es intermitente, temerosa y a desgano, pues no quieren se reabra el expediente de su conflicto limítrofe, posiblemente el más grave del país, porque el empuje de fronteras de Nayarit en 100 años ha cercenado la continuidad territorial de Jalisco: casi tres mil kilómetros cuadrados arrebatados hacen que Tequila y San Martín de Bolaños , el eslabón que une a la zona norte con el resto de Jalisco, ya no tengan frontera, mientras las comunidades indígenas huicholas tienen registro puntual de ese acoso histórico: San Andrés Cohamiata (Tatei-kie), el vecino norteño de Wuaut+a, perdió su anexo de Guadalupe Ocotán a manos de ganaderos y políticos nayaritas para mover la frontera hacia el este. Ahora vive la amenaza de un nuevo cercenamiento de 30 mil hectáreas, situación que lo ha unido coyunturalmente a la lucha de San Sebastián.

“Somos de Jalisco y queremos seguir siendo de Jalisco”, profirió el pasado 29 de abril un dirigente de Wuaut+a ante la exasperante tibieza de su gobierno que desde décadas atrás mira indiferente el movimiento de linderos territoriales por las elites nayaritas. Si bien, los temas agrario y de linderos estatales no se traslapan, es decir, se pueden poseer tierras a ambos lados de una frontera, los wixaritari saben que la hegemonía nayarita se empeña en no aceptar dueños con base de poder lejana a su propio control. Por eso se reivindican de Jalisco, y le piden al gobernador, Aristóteles Sandoval, honre sus compromisos de resolver el problema.

Este 10 de mayo han emplazado a Enrique Peña Nieto a acudir a la zona y darles respuestas. No hay nada formal, pero hay preocupación, porque se han instalado cuatro puestos de vigilancia con hasta 300 indígenas en cada uno, para impedir campañas. Los roces no tardan, ante el intenso flujo entre Colotlán y Puente de Camotlán. Peligra la “fiesta de la democracia” del 2 de julio. Pero sobre todo, la violencia se hará presentesi continúan las omisiones de las autoridades involucradas.

 

Agustín del Castillo

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