Pisando fuerte las garantías individuales

Pisando fuerte las garantías individuales

La entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior (LSI) llegó de la peor manera a Jalisco: con violaciones a garantías individuales y operaciones ilegales realizadas en diversas partes del estado, según las quejas presentadas ante las comisiones de derechos humanos, tanto la local como la nacional.

Pareciera que la aprobación y publicación de la ley dio rienda suelta a los ya de por sí tradicionales operativos ilegales de las fuerzas armadas.

En la primera semana de este año se presentaron tres quejas por presuntas violaciones a derechos de ciudadanos cometidos por elementos de la Secretaría de Marina (Semar). En esos operativos se han denunciado, incluso, desapariciones forzadas al detener a personas que no son presentadas ante las autoridades judiciales, como exige la ley. (Nos Faltan 43 ad infinitum)

Las denuncias se han presentado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), quien las traslada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH,) a quien corresponde indagar violaciones de derechos por parte de fuerzas federales, según ha informado Eduardo Sosa, 1º visitador de la CEDHJ. Las tres quejas presentadas en lo que va de 2018 contra actuaciones ilegales de los marinos en Jalisco ocurrieron una en Villa Purificación y dos más en Cajititlán, Tlajomulco.

Las quejas en lo que va de este año revelan un incremento más que preocupante. En 2016 se presentó una queja contra elementos de la Marina, nueve en 2017 y en apenas cinco días de 2018, se presentaron tres. A las quejas contra la Marina, se suman las quejas por violaciones a derechos cometidos por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena): nueve en 2016 y nueve en 2017.

Las cifras son alarmantes pero no cuentan los horrores que producen estos operativos ilegales de las fuerzas armadas desplegadas en Jalisco con el pretexto de la guerra contra el crimen organizado que, muchas veces, terminan convertidos en desaparición o ejecución extrajudicial contra civiles inocentes.

Es decir que matan o desaparecen so pretexto de una guerra fallida de manera impune y pasándose por el arco del triunfo la ley.

Esto fue lo que ocurrió en Tepatitlán hace dos años, el 27 de enero de 2016, cuando un comando de la Tercera Brigada de Fusileros Paracaidistas del ejército mexicano “reventó” una casa y detuvo a tres jóvenes: Juan José Gutiérrez, Abraham Rodríguez Martín (20 años) y Luis Enrique Machuca Martín (19 años). Los tres fueron torturados y los dos últimos fueron ejecutados por los militares quebrándoles el cuello. A Juan José también intentaron asesinarlo de la misma manera, pero al desmayarse se salvó porque los soldados de las fuerzas especiales creyeron que estaba muerto. De ese modo se convirtió en un testigo de las atrocidades que las fuerzas armadas mexicanas cometen con el pretexto de combatir el crimen organizado. Esto fue lo que relató Juan José sobre ese operativo ilegal en Tepatitlán el 27 de enero de 2016:

“…Oí que tocaron a la puerta, … pero de pronto quebraron los vidrios de la entrada, no alcancé ni a bajar las escaleras, eran varios soldados que se metieron, me agarraron, me jalaron como desde la mitad de la escalera, me tiraron hasta abajo, me esculcaron, me golpearon, me dieron de patadas, me esposaron, me levantaron y me subieron. Arriba me volvieron a tirar al suelo y me siguieron golpeando, me preguntaban que dónde estaba la droga, seguían agrediéndome, me dieron toques en varias partes del cuerpo, me echaron sal, cloro y ‘Fabuloso’ en la cara y los ojos, me sentía desesperado, me ardían demasiado los ojos, no podía ver bien, veía poco, me quemaron la cara; me rompieron los zapatos con un cuchillo y luego me dieron con un palo como de escoba en las plantas de los pies, me tuvieron a tanto golpe, como dos horas y media; seguía tirado en el suelo y me golpeaban con una tabla en la panza, me voltearon, me bajaron los pantalones y los calzones y me dieron en las ‘pompis’. Con sartenes me echaban agua en el cuerpo y me daban toques con una chicharra, me taparon la boca con una bufanda amarrada para que no gritara, me tenían tirado en el piso, boca arriba, me pisaban y me agarraban para que no me moviera, con los toques se siente que te tiembla todo el cuerpo, algo feo, no puedo describírselo, quema, como calor en todo el cuerpo, primero como que se aprietan todos los músculos y luego se aflojan, respiras más rápido el corazón se acelera, falta aire, duele la cabeza, se siente miedo, creía que me iban a matar (…)”.

Después de esa tortura cometida por los soldados en la casa de los jóvenes, los tres fueron llevaros a una ranchería a las afueras de Tepatitlán donde terminaron con la vida de los primos Abraham Rodríguez Martín (20 años) y Luis Enrique Machuca Martín (19 años).

Por desgracia, estos operativos ilegales y las torturas militares no son cosa solo del presente. Al menos desde hace 50 años soldados y marinos han estado al servicio del poder político en acciones contra disidentes políticos, movimientos sindicales, sociales y campesinos, etc.

El catálogo represivo de las fuerzas armadas en Jalisco va desde las detenciones ilegales, las simulaciones de ejecución, las inmersiones en excusados llenos de mierda, los toques eléctricos en genitales, las torturas sistemáticas, hasta los “vuelos de la muerte” que consistieron en arrojar cuerpos de disidentes asesinados extrajudicialmente en el lago de Chapala (ver recuento en el libro Memoria guerrillera, represión y contrainsurgencia en Jalisco, editorial Grietas).

En este libro se cita el testimonio de un militar que atestiguó los “vuelos de la muerte” ocurridos aquí al igual que en las dictaduras sudamericanas: “Cinco días después supe que aparecieron sin vida flotando en el lago de Chapala. Habían sido lanzados de un avión de la Fuerza Aérea que partió de la base de Zapopan, mientras se encontraban inconscientes por el efecto de una droga para caballos que les inyectaron. Se encontró junto a ellos una gorra militar que tenía el nombre de un oficial del ejército”.

En el libro referido se cita, además, el testimonio de Juventino Campaña López, militante del Frente Estudiantil Revolucionario (FER) y de las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo (FRAP), encarcelado por su participación en el secuestro del cónsul estadounidense Leonhardy en mayo de 1973, y ya detenido en el penal de Oblatos de Guadalajara, torturado nuevamente para que diera información sobre el paradero de José Guadalupe Zuno, secuestrado por otro comando de las FRAP en agosto de 1974. Fue trasladado al cuartel militar del Cuarto Batallón de Infantería, en La Mojonera, Zapopan, y ahí fue torturado de este modo: “Los días que estuvimos en La Mojonera nos torturaron permanentemente. Se nos alojó en los baños, estaban sucios ex profeso, pues se nos metía la cabeza en ellos. El responsable de la policía militar me golpeó la cabeza contra el piso y por la parte de la nuca, golpe que me originó otra fractura en el cráneo. En otro momento de la tortura, entre dos torturadores me agarraron, uno de cada pierna y acostado de espaldas, ellos me golpearon indiscriminadamente en los testículos y la vejiga. A causa de la golpiza vomité bilis e hicieron que me la comiera” (Laura Castellanos, México Armado, 2008: 226).

Este recuento y estos testimonios tienen la intención de mostrar que, al menos desde hace 50 años (1968), existe un patrón de la actuación de las fuerzas armadas en Jalisco: al servicio del poder político para reprimir disidencias políticas, sociales, sindicales, campesinas. Ahora con el pretexto del combate al crimen organizado, las fuerzas armadas están dejando un historial de actuaciones ilegales que incluyen detenciones sin sustento, torturas, desapariciones forzadas e incluso ejecuciones extrajudiciales.

Es cierto, los miembros de las fuerzas armadas son los mismos que despliegan los operativos de salvamento y ayuda en emergencias nacionales. Lamentablemente su papel más consistente es ser una fuerza al servicio de los poderes político y económico. La breve revisión presentada en este texto indica que históricamente las fuerzas armadas han operado ilegalmente cuando lo necesitan o cuando se lo exige el poder político.

Pero ahora la LSI parece que les ofrece un marco ideal para que sus operaciones “ilegales” pasen a ser legales, lo que da sustento a las preocupaciones que se han generado con la aprobación de esta ley que concede una patente de corso a la actuación de las fuerzas armadas en este país. No hay duda, según se muestra en este recuento, la LSI es un paso diseñado para que las botas militares pisen lo que quieran, y todo lo que el poder político y económico les pida a fin de mantener el status quo en el país. Las preocupaciones contra esta ley militarista y en una deriva fascista, están más que justificadas.

Numeralia de instalaciones militares en Jalisco

La Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con 12 Regiones Militares (RM), 46 Zonas Militares (ZM), 15 guarniciones militares (GM), 106 Batallones de Infantería (BI), 25 compañías de Infantería No Encuadrada (CINE)

En Jalisco la Sedena tiene las siguientes instalaciones:

→ V RM La Mojonera, Zapopan
→ 15ª ZM Zapopan
→ 14º BI La Mojonera
→ 32º BI Ameca
→ 79º BI La Mojonera
→ 92º BI Jamay
→ 79º BI Tecalitlán (recién inaugurado)
→ BI Autlán de Navarro (por inaugurar)
→ BI San Juan de los Lagos (por inaugurar)
→ 18ª CINE Puerto Vallarta
→ 21ª CINE Tomatlán
→ 22ª CINE Melaque

La fuerza área mexicana cuenta con 4 zonas aéreas y 18 bases aéreas

– En Jalisco se encuentra la Base Aérea Militar No. 5 en Zapopan

La Marina armada de México cuenta con 7 regiones navales y 14 zonas navales

– En Jalisco la 8ª Zona Naval tiene sede en Puerto Vallarta

 

Rubén Martín

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