Robaris y lo cachan

Robaris y lo cachan

La magia de la prestidigitación presupuestal vuelve a hacer de las suyas, pero con la impericia de un mago al que se le cae la moneda.

Esta vez desaparecieron más de noventa millones de pesos de las arcas de los Jaliscienses —¡Tarán!—.

La titular de la Contraloría del Estado de Jalisco, María Teresa Brito Serrano, deberá investigar en dónde está ese dinero, o enfrentar cuatro cargos por probable desvío de recursos, daño, perjuicio o ambos, a la Hacienda Pública Federal. Según el reporte de la Cuenta Pública 2016 otorgado por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) a Número Cero, el gobierno de Aristóteles Sandoval, hizo uso de programas sociales como PROSPERA y Control en la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, para jinetear dinero de una bolsa a otra.

Primer acto: Nada por aquí, nada por acá.

En la primer investigación, Teresa Brito tendrá que explicar a Hacienda Federal en dónde quedaron más de ocho millones de pesos de recursos reintegrados a la cuenta bancaria de PROSPERA porque se le hizo fácil tapar un agujero haciendo otro, al estilo del célebre “alcalde de Lagos”. Además del hecho de que al no aplicarse el fondo a tiempo, pierde intereses que el estado ya no podrá cobrar.

“Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 8,548,360.75 pesos (ocho millones quinientos cuarenta y ocho mil trescientos sesenta pesos 75/100 M.N.), más los rendimientos que se generen, por no haber aplicado, a la fecha de la auditoría, los recursos reintegrados a la cuenta específica de PROSPERA Programa de Inclusión Social”, respondió la Unidad de Transparencia de la Auditoria Superior de la Federación.

Esta primer investigación surge luego de que la ASF constató que la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) dirigida por el prófugo (Ah no, aspirante por Zapopan), Antonio Cruces Mada, no aplicó el recurso que debería de haberse dirigido a el programa PROSPERA en su categorización de Componente de Salud 2016, a la cuenta bancaria de servidores públicos, bajo el concepto de “gastos a comprobar“. Y efectivamente no pudo comprobarlo.

Segundo acto: la opacidad.

La segunda es por opacos. El viejo truco “dónde quedó la bolita”. Al Gobierno del estado de Jalisco se le acusa de presuntamente haber esfumado 88 millones 716 mil 936 pesos por no haber aplicado la totalidad de los recursos disponibles en mayo del 2017 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2016)

Tercer Acto: El Chupacabras.

Aristóteles tampoco sabe dónde dejó un banco de sangre, o tiene al Chupacabras de mascota y anda desviando hasta los leucocitos. Según el protocolo de responsabilidad administrativa número 16-B-14000-02-1064-08-00, el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud Jalisco deberá investigar qué hicieron con los 4 millones 261 mil 070 pesos que el Ejecutivo local dijo que usaría en a obra de mantenimiento y conservación del centro estatal de transfusión sanguínea, pero nomás dijo: “La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que no realizaron las gestiones necesarias para la conclusión de la obra Mantenimiento y conservación del centro estatal de transfusión sanguínea en la fecha estipulada en el contrato SSJ-OPD-CON004/2016”, afirma la ASF que finalmente exigió una investigación.

El pilón:

La última investigación (Número de registro 16-B-14000-02-1066-08-001) deberá realizarla el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

Aquí Aristóteles Sandoval y su equipo de prestidigitadores, explicarán por que no informaron a la CNPSS los avances relacionados con el ejercicio de los recursos transferidos desde la federación para adquirir material de curación y otros insumos; pagos a terceros por servicios de salud, listado nominal de las plazas pagadas con recursos del Seguro Popular 2016. Dicho de otro modo: pobre Petersen y la chamba de intendencia que le toca. En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inob- servancias de la normativa, principalmente en materia de transferencia, registro y destino de los recursos, así como de la Ley General de Salud que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 419 mil setecientos pesos (Ahora ves los recursos… ahora no los ves. ¡Es magia!)

 

Ricardo Balderas

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