El secreto de las minas de Palmarejo

El secreto de las minas de Palmarejo

El Gobierno Federal y el de Jalisco, desde hace más de 16 años intentan “inundar” tres poblados, Temacapulín, Acasico y Palmarejo. Pero las ideas y las órdenes federales se cruzan entre sí. En los últimos cuatro años, cinco empresas mineras ubicadas en el municipio de Cañadas de Obregón (cuatro de ellas dentro de uno de los poblados que pretenden inundar), renovaron su permiso federal de explotación.
Los minerales que extraen en el municipio de Cañadas de Obregón son oro, plata, platino, cobre y zinc, sin embargo, su permiso de extracción se encuentra bajo el régimen Toda Sustancia Posible (TSP) lo que les permite extraer y lucrar con todo lo que encuentren. Todas las minas tienen su título autorizado y vigente emitido por la Secretaría de Economía Federal. No reportan el agua que consumen del Río Lerma.
El espectro de soledad en los pueblos se va con el sol de las seis de la tarde, entonces llegan sus pobladores cargando arados, con palas en los hombros y niños acalorados. Nadie sabe de las excavaciones, y los registros nacionales de permisos mineros que ofrece el Sistema de Geografía Mexicano, sólo dan información de geolocalización de las minas; las empresas y sus dueños, son fantasmas que deambulan entre la incertidumbre de la inundación.
Según el expediente de la Unidad de Transparencia número 0001000120517, de la Secretaría de Economía actualmente existen en operación cinco minas en el municipio de Cañadas de Obregón. Lote de la Niña Blanca (1, 2, 3 Y 4) y Mina la Joya, obtuvieron sus permisos de extracción durante el 2000 y 2017. Y ni los habitantes de los poblados lo podían creer, según declararon para este medio de comunicación, para que estas empresas pudieran operar, debieron haber ingresado con maquinaria pesada por caminos poco convencionales.
El conflicto no le es ajeno a los habitantes de Temacapulín. Todos conocen la historia de La Niña Blanca, el lote que extrae oro de Palmarejo y que sin dueño, renovó su permiso de extracción el año pasado.
“En relación a la minería desde los orígenes del proyecto se hablaba de una mina, en Palmarejo, de hecho fue como de los primeros argumento que la gente usó para intentar defender sus tierras, en su momento no se abordó el tema del impacto social, el planteamiento era el de ¿cómo quieres inundar un lugar que tiene minerales y que hay intereses queriendo explotarlos? El lote de la Niña Blanca.
“Al dueño de esos terrenos no entendemos bien cómo, pero lo mataron. Entonces si tú le preguntas a los habitantes, todos te contarán esa historia sobre cómo se desvaneció. Aparecen estas concesiones y hasta el momento lo que entendemos es que están algunas en calidad de proyectos y lo que sí es claro, y está vigente, son los intereses mineros para Guanajuato; ahí sí es clara la conexión de que no solamente se está disputando el agua para el puerto interior en Guanajuato, sino también para la explotación minera”, comentó María González valencia, colaboradora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC).
El tema de la extracción minera en Palmarejo se suma a lo complicado que ya era explicar un macro proyecto que triplicó su costo inicial en pocos años, que no deja clara su situación financiera y que a través de auditorías oficiales intenta confundir a la población con cifras que no se empalman entre si.
Sobre el tema, el especialista de Técnicos y Profesionales por la Nación A.C, Felix Hernández Gamundi, explica los mayores contaminantes del agua mexicana son la industria y la agricultura; y debido a que esas áreas son las que impulsan gran parte de la economía del país, es que no existen políticas claras sancionadoras a quienes dañen los mantos acuíferos de México.
“México pasa por un proceso tardío de privatización del agua, mezclando organismos públicos con privados es que los gobiernos comienzan con la venta del agua y Francia siendo los pioneros en privatizar el agua, ahora se regresan al sistema de municipalización, por ejemplo, en Estados Unidos todos los sistemas de agua están manejados por el Estado (…) Los mayores contaminantes del agua son, con el 76 y 80 por ciento la agricultura, seguido inmediatamente por la industria. CONAGUA sabe del problema, simplemente no le importa”, dijo.
Ricardo Balderas
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